La Red de Manejo del Fuego Rural presentó ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Honorable Senado de la Nación su posición técnica respecto a las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815), incluidas en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26).
La entidad agrupa a consorcios de manejo del fuego en distintas regiones del país. En su nota señala que la reforma no implica una flexibilización ambiental. Destaca que busca corregir distorsiones del régimen vigente que han generado efectos jurídicos y económicos adversos sin reducir los incendios.
Punto central
La Red enfatizó la importancia de “evitar tratar como culpables a quienes sufren un incendio”. Según explicaron, la normativa actual (Ley N.º 27.604) introdujo restricciones automáticas sobre el uso del suelo tras incendios, sin distinguir su origen ni las circunstancias del siniestro. “Se configuró un esquema que, en la práctica, presume culpabilidad y aplica consecuencias sobre propietarios que también son víctimas del incendio”, indicaron desde la Red.
En ese sentido, advirtieron que este enfoque:
- No ha demostrado eficacia en la reducción de la siniestralidad
- Genera incentivos que desalientan la denuncia de incendios
- Produce efectos económicos desproporcionados sobre las tierras afectadas.
Protección ambiental
La entidad remarcó también que la reforma mantiene intacta la protección de los bosques nativos, conforme al ordenamiento territorial establecido por la Ley N.º 26.331. Las modificaciones se concentran en eliminar restricciones generalizadas que hoy se aplican también sobre tierras productivas, sin diferenciación ni sustento técnico.
Falta de sustento técnico de las restricciones actuales
Uno de los ejes del planteo de la Red es la ausencia de evidencia científica que respalde los plazos de restricción de uso del suelo (hasta 30 y 60 años).
Desde la Red señalaron que:
- Los tiempos de recuperación varían según el ecosistema
- En muchos casos son significativamente menores
- Pueden incluir cambios en el uso del suelo como parte del proceso de restauración.
En lo que respecta al impacto económico y seguridad jurídica, advirtió que el régimen vigente genera pérdida de valor de los activos, incertidumbre para la inversión y restricciones que afectan el uso productivo del suelo de manera desproporcionada.
Discusión pendiente: la gestión integral del fuego
La discusión responsable de la problemática de los incendios rurales requiere un abordaje más amplio, que incluya prevención, detección temprana, ataque rápido, control, identificación de causas y responsabilidades y restauración. “Este debate excede el alcance del proyecto presentado y requiere una discusión específica sobre políticas de gestión integral del fuego”, indicaron desde la entidad.
Finalmente, destacaron que la reforma en tratamiento representa una oportunidad para alinear la normativa con principios básicos del derecho y evitar efectos contraproducentes. “La protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulación que genera distorsiones es un paso necesario para construir políticas públicas más eficaces”, concluyeron.
