La Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) y sus miembros y socios anunciaron que, a casi un año de su creación, es importante el interés generado por este tipo de proyectos en el país. Actualmente están en proceso de evaluación, desarrollo y certificación, proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas.
En la Mesa aseguran que de implementarse estos proyectos permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo que representaría a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.
En Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes, en 20.000 hectáreas aproximadamente y con un potencial de mitigación de más de 1.600.000 toneladas de CO2 de los cuales ya se llevan mitigadas más de 500,000 toneladas de carbono.
Los proyectos de carbono forestal pueden ser para evitar o reducir emisiones de carbono, por ejemplo, mediante la conservación de bosques nativos (deforestación evitada) y la mejora en la eficiencia del uso productivo del bosque o plantación forestal (aprovechamiento mejorado), o bien, para capturar carbono a través del desarrollo de plantaciones forestales y de la reforestación o regeneración de bosques nativos.
La situación en Argentina
Hasta fines del año 2022, de los 11.800 proyectos registrados a nivel global sólo 61 fueron en Argentina, lo cual representa el 0,5% del total. Esto refleja que el marco político y normativo actual no estaría promoviendo e incentivando el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones a pesar de las grandes posibilidades que existen, y a pesar de las experiencias que ya se han desarrollado en el país.
“En comparación con la distribución sectorial a nivel global, en Argentina existen actualmente sólo 2 proyectos del sector forestal certificados bajo estándares internacionales como los de Verra, Gold Standard, Mecanismos de Desarrollo Limpio, Climate Action Reserve y Plan Vivo, lo cual representa el 3% del total de proyectos certificados en el país. La mayor parte de los proyectos certificados hasta el momento son de los sectores de las Energías Renovables, Producción Industrial y Gestión de Residuos. Esto no quita que existan iniciativas de certificación y verificación en base a mismos estándares, pero certificados por organismos nacionales, dado que la inversión necesaria para una certificación internacional es costosa y suele no ser accesible para muchos desarrolladores de proyectos y propietarios/usuarios de tierras con potencial para la captura y reducción de emisiones”, señala Juan Pedro Cano, Coordinador General de la Mesa.
Según Cano, “Argentina tiene hoy una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través del desarrollo de los mercados de carbono, los cuales crecen rápidamente a nivel regional y global, generando un impacto ambiental, social y económico muy importante”.
A la hora de visualizar factores que conspiran para agilizar el desarrollo de esta actividad, Cano argumenta que “observamos que el contexto argentino dista mucho de brindar la seguridad jurídica y certidumbre mínima necesaria para promover e incentivar el desarrollo, certificación e implementación de proyectos de captura y reducción de emisiones, como así también la consecuente comercialización de los certificados, créditos o bonos de carbono que dichos proyectos generen”.
En tal sentido, a la hora de proyectar posibles abordajes para realmente promover el desarrollo de los mercados de carbono en Argentina, se considera que deberían sentarse las bases mínimas para el desarrollo de un mercado amplio y flexible. En este punto “se recomienda la elaboración de instrumentos para promover, apoyar y dar reconocimiento al desarrollo, certificación e implementación de proyectos de carbono y la comercialización de las capturas y reducciones que se generen. Es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, especialmente para promover proyectos de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos propietarios o usuarios de tierras, también traccionar proyectos de gran escala que, de no haber garantías mínimas para su implementación y comercialización, probablemente no se realicen”.
Por otro lado –continúa Cano– “acciones que permitan reducir costos serían un incentivo al desarrollo de proyectos tanto de gran escala, como de mediana y pequeña escala. Sumado a todo esto, es necesario que haya claridad en la distribución de competencias y roles entre los distintos niveles de gobierno federal (nivel nacional y provincial) dentro del marco normativo e institucional de los mercados de carbono”, concluyó el directivo.
MESA DE CARBONO FORESTAL NACIONAL (MCFN)
La organización está actualmente conformada por aproximadamente 40 empresas enfocadas en el sector forestal argentino y sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando en este último caso el 80% de las plantaciones forestales del país.
Tiene como objetivos el desarrollo de temas, acciones y creación de alianzas para convertirse en un actor relevante del sector, que participe de manera propositiva en los procesos de elaboración de los marcos normativos e instrumentos de política pública para promover los mercados de carbono en el país y en toda la región.
La MCFN se propuso elaborar un documento de posición sobre los conceptos mínimos y puntos críticos para promover los mercados de carbono en Argentina que incluya:
-Un diagnóstico del estado de situación del sector del carbono forestal a nivel nacional.
-Un relevamiento del estado de situación a nivel internacional (con foco en la región de Latinoamérica).
-Lineamientos mínimos que debería tener un marco normativo para promover mercados de carbono forestal en Argentina.
Asimismo, se establecieron vínculos con los distintos actores en la cadena de los mercados de carbono para acercar las propuestas elaboradas y conformar grupos de trabajo conjunto, en particular con funcionarios públicos de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales; diputados y senadores de los poderes legislativos nacionales y provinciales; referentes de los partidos políticos que están trabajando la agenda ambiental y productiva en miras a las elecciones nacionales y provinciales 2023 y otros actores que se identifiquen como clave para promover mercados de carbono.
