Al cierre de esta edición ingresaba en la Cámara de Diputados el expediente con las reformas a dos artículos de la Ley 25.080 “Inversiones en Bosques Cultivados”, propuestos por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, que contaría con la anuencia del Ministro de Economía, Sergio Massa y por los cuales se aseguraría el financiamiento de los planes de forestación contemplados en el régimen de promoción forestal.
El anuncio fue hecho por Sabina Vetter, Directora Nacional de Desarrollo Foresto Industrial y su equipo técnico, en la primera reunión del año de la Comisión Asesora de la ley, llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el 31 de mayo pasado, de la que participan funcionarios nacionales, provinciales, entidades representativas de toda la cadena sectorial y técnicos de diferentes áreas.
Desde enero de 1999 cuando se reglamentó la Ley 25080, por falta de recursos presupuestarios, la ley nunca pudo cumplir en tiempo y forma con los aportes no reintegrables a los productores incurriéndose durante varios periodos en atrasos que superan más de cinco años.
Según se explicó en la reunión, la primera de las modificaciones apunta a crear el Fondo Nacional Ley Bosques Cultivados, con el objeto de solventar el otorgamiento de los aportes económicos no reintegrables y/o todo otro beneficio establecido en la presente ley; y las acciones a realizar por la autoridad de aplicación para una mejor ejecución, el que estará integrado fundamentalmente por una contribución obligatoria de 0,7% de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores y será liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación, siendo de aplicación el régimen establecido en el artículo 81 del decreto-ley 20091 para la tasa uniforme. Asimismo, se faculta a la autoridad de aplicación de la Ley 25.080 para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, modificatorias y complementarias que resulten pertinentes para la administración del mencionado fondo, de acuerdo con el ámbito de aplicación y alcances establecidos por la citada ley.
La segunda modificación es la del Artículo 4 por el cual la Dirección hoy se ve obligada a subsidiar las forestaciones que provengan de zonas verdes, aunque tengan todavía bosque nativo, cuando la provincia aprobó un cambio de uso del suelo.
El artículo en cuestión quedará redactado de la siguiente manera: “Entiéndase por emprendimiento forestal, a los efectos de esta ley, a las plantaciones de especies forestales ecológicamente adaptadas al sitio, y que permitan satisfacer la demanda actual y potencial de materia prima por parte de distintas industrias, sea en plantaciones puras, mixtas o en sistemas agroforestales, ubicadas en tierras que, al momento de la sanción de la presente ley no estén cubiertas por especies arbóreas nativas definidas como tales por las autoridades provinciales en los ordenamientos territoriales de bosques nativos aprobados por las leyes provinciales respectivas según lo previsto en la Ley Nacional N° 26.331, salvo la existencia de un plan de manejo sustentable para bosques degradados a fin de enriquecerlos, aprobado por la provincia respectiva.
Asimismo define por emprendimiento foresto industrial a aquel que utiliza madera como insumo principal para la obtención de productos y que incluya la implantación de bosques.
Al finalizar la reunión, en una entrevista exclusiva con ASORA Revista, Sabina Vetter señaló que “Desde la Dirección no queremos subsidiar algo que está dentro de una clasificación de bosque nativo, creemos que no corresponde. Porque desde la mirada internacional, al estar clasificada como bosque nativo se interpreta como una deforestación. Por eso deberían excluirse de las OTBN y ser parte de una cuenca forestal”.
Vetter acentuó que en las reuniones de consulta previas que llevó adelante con funcionarios de las provincias y organizaciones representativas del sector no hubo oposición, puntualizando que “Corrientes planteó alguna duda sobre el impacto que podría tener esta modificación pero es facultad de las provincias el cambio de uso del suelo de bosque nativo a plantaciones forestales”. Y coincidió en que “tendríamos que ver alguna otra manera para poder promocionar estas plantaciones pero no con la Ley 25080. Además, me parece importante poder avanzar con las provincias en establecer las cuencas forestales, porque esto también le va a dar al sector un poco más de agilidad en el financiamiento y en la promoción”.
A la necesidad imperiosa que tiene Argentina de tener asegurado el financiamiento de los fondos para pagar a los productores en tiempo y forma los planes de forestación incluidos en el marco de promoción de la Ley 25.080, Vetter le sumó el compromiso asumido internacionalmente por el país para atenuar los efectos del cambio climático llegando en 2030 a contar con 1.600.000 hectáreas forestadas. “Esto implica que durante los próximos siete años tenemos que estar plantando un promedio de 60.000 hectáreas por año para poder cubrir lo que se cosecha y lograr la meta comprometida y estamos muy lejos de poder cuplir, ya que como se explicó en la reunión, hoy se están plantando un promedio de 25.000 a 30.000 hectáreas solamente. Por eso se necesita más que nunca contar con presupuesto para la ley de promoción”.
Antecedentes de fondos extrapresupuestarios para financiar la Ley
A través de la Resolución 219/2018, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) reglamentó la póliza digital automotor e impulsó también la digitalización de todas las pólizas de seguro, entre otras medidas.
De acuerdo a los cálculos del organismo, la “despapelización” de los seguros le generaba a las compañías un ahorro del 1% sobre el valor de cada póliza (tramitación, armado, envío y archivo del documento).
La SSN propuso a las aseguradoras que voluntariamente destinaran los recursos ahorrados a financiar parcialmente la Ley de Promoción Forestal (Ley N°25.080). Más de una decena de compañías adhirieron al ´´Seguro Verde´´, una denominación que buscó hacerlo más cercano a la comprensión pública generalizada.
Para administrar el flujo de los fondos aportados, a través de una resolución conjunta de la SSS y la entonces Secretaria de Agroindustria, se creó el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros “PROSAS”, donde se estableció el destino de ese 1%: por un lado, la mayor parte de los fondos (90%) se dirigía al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para promover inversiones en nuevos emprendimientos forestales, junto con un cronograma de fechas de cobro y distribución. El restante 10% se destinaba a acciones de promoción de la cultura aseguradora a través de campañas publicitarias.
Desde su implementación hasta diciembre de 2019 que quedó sin efecto, el ´´Seguro Verde´´ recaudó $ 909.937.515 lo cual permitió actualizar los pagos atrasados a los productores que habían realizado las inversiones varios años antes, abarcando forestaciones en 17 provincias sumando una superficie de 130.000 hectáreas.
El PROSAS ya había tenido media sanción en el Senado
El 15 de julio de 2021 el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley por el que se creaba en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el “Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS), con el objeto de promover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 25.080 de “Inversiones en Bosques Cultivados”, sus modificatorias y complementarias.
La iniciativa había sido presentada por el senador de Misiones Maurice Closs (Frente de Todos) y proyecto final fue aprobado por 51 votos afirmativos, 10 abstenciones y 1 sólo voto negativo (senadora María Clara del Valle Vera, de la Provincia de La Rioja).
Cuando todo el sector esperaba un rápido tratamiento en Diputados, finalmente el proyecto no pudo tratarse y terminó perdiendo estado parlamentario.
En consultas realizadas por ASORA Revista con legisladores de la oposición, manifestaron que si bien estaban a favor no se debatiría porque por tratarse de una norma que creaba un impuesto debía ingresar al Congreso por la Cámara de origen (Diputados).
Para 2024 se necesitan $ 1.900.000 para financiar la ley
Esteban Borodowski (Director) fue el encargado de explicar en la reunión la ejecución del Presupuesto asignado a la Ley 25.080.
“En 2020 fueron $ 254 millones; en 2021 $ 265 millones; en 2022 $ 529 millones; y para 2023 tenemos asignados $ 590 millones con la posibilidad que, si hubiese fondos disponibles, aumentarlo hasta $ 900 millones; y ya hemos elevado la solicitud para el próximo año por $ 1.900 millones”.
Del presupuesto de este año “ya hemos ejecutado $ 152,5 millones y tenemos listas para la firma del Secretario resoluciones por casi otros $ 165 millones con planes que ya están aprobados, con lo cual hemos ejecutado en estos primeros cinco meses $ 317 millones, quedando para el resto del año $ 272 millones”, señaló Borodowski.
Además de la ejecución del apoyo económico – continuó el funcionario – “después de bastante tiempo han salido resoluciones de beneficios fiscales, que era un reclamo de todo el sector. Aquí hay seis y varias más en trámite que ya están firmadas”.
Según Borodowski “se está cubriendo una superficie total de 10.000 hectáreas, en las cuales hay 5.300 de forestación, 3.300 de poda y 1.361 de raleo, principalmente en las provincias de Corrientes y en Entre Ríos”.
